Durango, Dgo. (EL CONTRALOR).- En forma por demás inesperada el Gobernador Jorge
Herrera Caldera fue electo Presidente de la Confederación Nacional de
Gobernadores, una institución creada por Gobernadores priístas durante el
sexenio de Vicente Fox, como contrapeso al poder presidencial panista que, en
ese entonces, estaba en pleno ascenso.
Pero la llegada del Mandatario Duranguense
se presenta en un momento por demás revuelto y en donde los Gobernadores del País,
se encuentran en el centro de la enconada polémica nacional por los magros
resultados en materia de seguridad, conseguidos hasta ahora. Hay quienes
sostienen que podría ser dentro del período que presida Herrera Caldera, que se
haga efectiva la renuncia de un nuevo Gobernador: Ángel Aguirre, quien ya puso
sobre la mesa un especie de referéndum-consulta, para que la población
decidiera.
Y es que el reproche que hiciera
el pasado jueves el Presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que es
inaceptable que en un Estado democrático de derecho como México, haya
localidades con vacíos de autoridad y complicidades entre gobernantes y
delincuentes.
Frente al pleno de la 47 sesión
ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), exigió a los
tres niveles de gobierno mayores resultados en el corto plazo en materia de
seguridad y que cada autoridad asuma mayor responsabilidad y compromiso.
Urgió a acelerar y profundizar
las medidas estructurales necesarias para que la Ley y la Justicia imperen en
todo el País.
Dijo que lo elemental es contar
con corporaciones de seguridad profesionales y, ante todo, confiables.
En la reunión, en la que no
estuvo el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y se refirió al caso Iguala,
sostuvo que la corresponsabilidad no es justificación para la omisión o la
suplencia.
En alusión directa al caso
Iguala, sin nombrarlo, el Presidente se mostró molesto porque en el País
existan algunas “localidades” con ingobernabilidad y que haya connivencia entre
autoridades y criminales. Esto es totalmente inadmisible, advirtió en la
clausura de la Conago.
“Es inaceptable que en un Estado
democrático de derecho, como México, pueda haber localidades con vacíos de
autoridad y, peor aún, con vínculos de complicidad entre gobernantes y
delincuentes”, sentenció.
Recordó a 28 Gobernadores y al Jefe
del GDF, Miguel Ángel Mancera —fue notable la ausencia del Mandatario de
Guerrero, Ángel Aguirre—, que desde el inicio del sexenio “hemos trabajado con
todas las Entidades Federativas para impulsar la profesionalización y el
fortalecimiento de sus cuerpos de policía”, y les pidió que, “ante la necesidad
de lograr mayores resultados en el corto plazo, es indispensable que cada orden
de gobierno y cada autoridad asuma también mayor responsabilidad y compromiso.
“La corresponsabilidad no es
justificación para la omisión o la suplencia. Al contrario, es un compromiso
que exige lo mejor de cada instancia. Ésta es la convicción que tiene el Gobierno
de la República para hacer equipo con los gobiernos estatales y mejorar juntos
la calidad de vida de los mexicanos”, dijo.
Minutos antes, en el marco de la
ceremonia por el Centenario de la Conformación de la Soberana Convención
Nacional Revolucionaria, en el teatro Morelos, Peña Nieto también le dijo a los
gobernantes locales que hoy
más que nunca deben fortalecerse las instituciones de todos los órdenes de
gobierno y esto es especialmente necesario “en aquellas zonas en que por
diversas circunstancias han sido rebasadas las autoridades locales”.
En el caso Ayotzinapa, el
Ejecutivo ratificó a la Conago, en el patio central del Museo Descubre, que
ante los hechos de violencia contra jóvenes estudiantes, la autoridad federal
asume su responsabilidad para esclarecer el caso y hacer que “todos los
culpables materiales, intelectuales, de dichos actos inhumanos y de barbarie
respondan ante la Ley”.
En este marco, a nombre de la
Conago, el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, leyó un acuerdo de los
Mandatarios Estatales donde condenan los hechos violentos, se solidarizan con
los familiares de las víctimas y hacen votos por el rápido restablecimiento de
la paz y la seguridad en el municipio de Iguala, Guerrero.
“El pleno de Gobernadores se
solidariza con la sociedad Guerrerense y las familias de los estudiantes
desaparecidos, externando su deseo por que éstos aparezcan. De igual manera,
reafirma su convicción por que prevalezca un clima de paz y respeto a los
derechos humanos para todos los habitantes de esta Entidad hermana”, subrayó.
Peña Nieto insistió que toca a
los tres órdenes de gobierno “actuar con responsabilidad institucional e ir más
allá de la resolución de este indignante caso en particular”. Por ello, dijo,
“debemos acelerar y profundizar las medidas estructurales necesarias para que
la Ley y la Justicia imperen en toda la geografía nacional”.
“Lo elemental es contar con
corporaciones policiacas profesionales y confiables ante todo”, les precisó a
los Gobernadores, a quienes dijo que se ha trabajado desde la Federación con
todas las Entidades para impulsar el fortalecimiento de las corporaciones policiacas.
El Presidente aseveró a los Gobernadores
que se debe fortalecer a las instituciones de todos los órdenes de gobierno y
esto es especialmente necesario “en aquellas zonas en que por diversas
circunstancias han sido rebasadas las autoridades locales” y “hacer que la
seguridad, la Justicia, el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la
Ley sean una realidad cotidiana en todo el País”.
La solución es el mando único:
Duarte
La incorporación del mando único
en algunas Entidades de la República sería la solución a los problemas de
inseguridad, consideró el Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien
señaló que si bien en algunos estados hay descomposición, en otros se tiene
avances considerables en materia de seguridad.
—¿El mando único es la solución?
—Es una de las soluciones.
Aunque no quiso opinar sobre la
posible renuncia del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por respeto a la
soberanía del Estado, destacó que el caso Iguala es un ejemplo de lo que pasa
cuando a las corporaciones las manejan delincuentes.
Duarte negó que haya un Estado
fallido o una democracia simulada ante los hechos de violencia ocurridos en
Guerrero.
Pero Federico Reyes Heroles,
observa el contexto en que se desarrollan estos hechos cada día más frecuentes,
no desde la óptica de la necesaria limpia de las estructuras policiacas del País,
sino desde el flanco de la economía.
Reyes Heroles Alerta que “Peña
Nieto y su equipo corren el riesgo de instalarse mentalmente en las reformas
logradas y pensar que ese País encaminado a un mejor futuro es el que
gobiernan. No es así, gobiernan un México en el cual la pobreza extrema está
instalada y agravada por el aumento desmesurado de productos centrales de
consumo popular. Entre el México del crecimiento previsible y el de hoy hay un abismo que
deben asumir. En las calles las reformas no existen. Hay empobrecimiento y los
jóvenes no encuentran empleos, son dos flancos muy delicados”.
“El bono demográfico puede mutar
de una esperanza justificada en los números a frustración que convoca a la
violencia presente. Así de polarizado es el desenlace. Toda esa fuerza laboral
en potencia, es también desesperación en ciernes. Sumémosle la otra violencia y
Ayotzinapa que ya marcó a la gestión. El escenario es muy delicado”.
La analista María Marván Laborde
observa el mismo fenómeno de la violencia, desde otro muy particular ángulo, en
su entrega, el pasado 10 de los corrientes, a Excelsior:
Los hechos recientemente
ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa no sólo hacen evidente la ineficacia del
Estado, sobre todo desnudan la desintegración social y muestran en carne viva
la degradación humana que sufren aquellos a quienes ha tocado la guerra y el
narcotráfico.
No es necesario volver a
describir el fusilamiento de 22 personas en la bodega de Tlatlaya o el
secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo que parece urgente es esclarecer
qué pasó en ambos sitios para cobrar la verdadera dimensión del horror que
enfrentamos.
Después de tres meses y gracias a
la investigación hecha por la prensa extranjera, sabemos que los eventos de
Tlatlaya fueron, simple y llanamente, un fusilamiento, no una batalla campal.
Alguien asumió que todos ellos eran el enemigo, ese alguien decidió que
merecían la pena de muerte sin tener derecho a juicio, ese alguien ignoró el
Estado de derecho.
Hay militares detenidos, más allá
de que podamos pensar que se trata de los verdaderos responsables o simples
chivos expiatorios, es indispensable saber si actuaron por su cuenta o
siguieron órdenes de su inmediato superior, y así sucesivamente hasta llegar
tan alto como sea necesario. No sólo es una condición para hacer justicia, es,
sobre todo, una pieza fundamental para hacer un diagnóstico certero de qué tipo
de problemas tenemos entre manos.
Sociológicamente estamos frente a
dos asuntos de naturaleza distinta si los soldados que dispararon sus armas
tomaron la decisión por sí mismos o si recibieron la orden de hacerlo. Si ellos
tomaron la iniciativa nos enfrenta a uno de los fenómenos más devastadores de
cualquier guerra; la metamorfosis del alma, el naufragio de la ética, la muerte
de la empatía, el ser humano que, en un principio, es obligado a matar, llega a
un punto de no retorno, acaba tomándole gusto a la crueldad y pierde todo
aprecio por la vida humana, incluida la propia. Se transforma en un asesino en
serie.
Si lo hicieron siguiendo órdenes,
ya bien fueran explícitas o lo que ellos interpretaron como los deseos
inconfesables de sus superiores, tenemos que ciertos elementos del Ejército,
subrayo, ciertos elementos, han decidido que la única manera de acabar con esta
guerra es al grito de ¡mátalos en caliente! Cualquiera de las dos hipótesis, o
su combinación, son graves, pero requieren tratamientos distintos.
Los normalistas de Ayotzinapa
secuestrados en Iguala aparentemente fueron levantados por una perversa e
indistinguible mezcla de policías municipales venidos a delincuentes o de
delincuentes transformados en policías municipales. Es necesario saber con
precisión si el Presidente Municipal fue cooptado por el narcotráfico o
impuesto por ellos. Otra vez, la diferencia no es sólo de sintaxis, acusa dos
procesos diferentes de degradación de nuestras instituciones. Distinguirlos no
es una curiosidad científica, es un requisito para iniciar el proceso de
recomposición del tejido social.
La crueldad infligida en los
cuerpos hallados en las fosas comunes recién descubiertas no se explica por sí
mismo, ni aun bajo el supuesto de que todos ellos tuviesen quién sabe qué deuda
con sus perpetradores. No asumo que esos cuerpos sean de los normalistas,
tendremos que esperar la identificación del forense, sin embargo, en esencia,
el problema es el mismo: seres humanos torturados por otros seres humanos hasta
generar una repulsión que sale de las entrañas. ¿Dónde se nos pudrió la
sociedad que nos ha permitido llegar hasta este punto de anomia?
Hace décadas que el narcotráfico
en nuestro País se había convertido en un problema gravísimo, pero como
consecuencia del 11 de septiembre de 2001 la situación, que ya era complicada,
se tornó dramática. Estados Unidos cerró eficientemente sus fronteras y fueron
muchas las implicaciones para nosotros. Simultáneamente se estacionaron en
México tanto la droga como los miles de mexicanos que ya no pudieron escapar de
su pobreza y huir allende el Río Bravo en busca de las oportunidades de empleo
que sistemáticamente aquí les fueron negadas.
La respuesta que propuso
Calderón, más naïf que acertada, fue declarar la guerra contra el narcotráfico.
Atacó el problema sin ver siquiera las causas. Es una guerra imposible de ganar
que ha acelerado la descomposición social y la degradación humana hasta llegar
a este infierno que produce cotidianamente escenas dantescas.
Está documentado que en Estados
Unidos han muerto más veteranos de Vietnam suicidados que los que murieron en
el campo de batalla. Ese es el problema fundamental de la guerra, transforma a
todo ser humano que toca. Si la reconstrucción del Estado y el fortalecimiento
del tejido social se antoja difícil, la reparación de la psique del que ha sido
entrenado y obligado a matar, sea soldado o narcotraficante, parece imposible.
Y esa dimensión ni siquiera nos la hemos planteado.
Hasta aquí la reflexión de María
Marván.
Entonces, en los meses por venir, el tema de la
inseguridad escalará en los niveles de análisis y reclamos de la opinión
pública nacional, tiempo en que Herrera Caldera estará al frente de la Conago,
una inmejorable oportunidad para que el Mandatario Duranguense hable con
amplitud sobre la necesidad de resolver en el corto plazo el tema de la
economía interna del País, y de esta forma ir avanzando en la recomposición del
tejido social, claro, también deberá dar ejemplo que en Durango, efectivamente,
el renglón de seguridad ha ido mejorando. Un reto nada fácil.
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