Desastres en Cananea y en Magistral de El Oro, ponen al descubierto la voracidad de los empresarios dedicados a esta actividad
Durango, Dgo. (EL CONTRALOR).- Los dos hechos se reportaron por diferencia de
horas. El primero en la región de Cananea, Sonora; La contaminación provocada
por el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico a
los ríos Sonora y Bacanuchi, de la empresa Buenavista del Cobre, propiedad de
Grupo México, se pretendió minimizar y echarle la culpa a la naturaleza. El
segundo caso fue en Durango; la presa de jales de la empresa Proyecto Magistral
derramó alrededor de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro al arroyo La
Cruz. Aquí, la población sólo reportó, además del daño ecológico, dos vacas
muertas.
Tuvieron que pasar más de 30 años
de explotación indiscriminada de las riquezas mineras del País y de Durango
para que nuestros representantes populares, que no los gobiernos estatales y el
federal, se percataran no sólo del daño denunciado años atrás a la ecología y
población de parte de investigadores, periodistas y líderes sociales, sino
también de la miseria económica en que las empresas explotadoras dejan a las
comunidades.
El pasado 18 de septiembre, el
líder de los Diputados priístas en el Congreso Federal, Manlio Fabio Beltrónes,
denunció que Grupo México no aporta ningún beneficio al municipio de Cananea, a
pesar de que percibe 4.4 millones de dólares diarios de ganancia por la
extracción de recursos minerales de la mina Buenavista.
El Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó que la contaminación
del río Sonora y su afluente Bacanuchi, es el mayor desastre ecológico en la
historia de la minería en el País.
Más allá de los graves daños
ambientales ocasionados, dijo, quiero destacar dos puntos medulares y es que el
consorcio minero violó la norma oficial, las leyes vigentes y los estándares
internacionales que rigen la industria minera.
Sin embargo, aclaró, el Estado Mexicano
no cuenta con un marco jurídico actualizado que le permita imponer sanciones
efectivas a los causantes de daños ambientales y reparar las afecciones
sociales y económicas.
En segundo lugar, añadió, son los
hallazgos más importantes del informe de la Comisión Especial, que propone
reformar la legislación vigente para que se actualice el marco jurídico con
base en dos principios:
Que el Estado cuente con normas y
capacidades regulatorias adecuadas para garantizar que el que contamine pague.
Ese es el propósito del fideicomiso con cargo a Grupo México, que tendrá
recursos iniciales por dos mil millones de pesos para reparar los daños
ambientales, sociales y económicos que sufrieron las familias Sonorenses”.
Asimismo, que se compartan con la
población los beneficios obtenidos por el aprovechamiento de los recursos de la
Nación. Es importante que en la explotación del subsuelo de este tipo, todos,
sobre todo los habitantes de la región, salgan ganando.
Al referirse al derrame de
sustancias tóxicas en estos dos ríos de Sonora, resaltó que los Legisladores
trabajarán para fortalecer el marco legal. Se trata, dijo, de apoyar a las
familias Sonorenses afectadas y resarcir los daños ocasionados por este derrame
tan lamentable, y también evitar que se repitan episodios como el actual.
Nuestro objetivo, subrayó, es
claro y dotar al Estado de las capacidades legales e institucionales que
permitan asegurar el interés público en la actividad minera y procurar un
beneficio justo a sus comunidades.
Pero, dos días antes, El
Universal, había publicado una contundente investigación que exhibía la laxitud
e indiferencia con que los gobiernos mexicanos han actuado ante las empresas
mineras y la forma en que éstas se han apropiado de este tipo de riqueza nacional.
Las empresas mineras han hecho un
negocio redondo en México, sostiene el periódico de circulación nacional. En
los últimos 14 años han pagado al gobierno una cantidad irrisoria, comparada
con las grandes ganancias que les deja la extracción de la riqueza del
subsuelo.
Y aunque resulta insignificante
la contraprestación que deben entregar a la Federación, en muchas ocasiones los
titulares incumplen con los pagos sin que la autoridad haga algo para
sancionarlos.
Una investigación hecha por El
Universal revela que entre 2001 y 2014 el pago de derechos sobre minería —cuota
que pagan los titulares de las concesiones mineras por el uso de la superficie
concesionada— osciló entre 0.4% y 2% del valor total de la producción minera en
el País.
En 2013 lo recaudado por el
Gobierno Federal llegó a su máximo, al representar 2% de la producción minera.
Esto se debió en parte a un incremento en la recaudación, pero también a una
contracción de la actividad minera que descendió de 234 mil millones a 201 mil
millones de pesos.
En la primera mitad de este año
el gobierno logró recaudar 978 millones de pesos por el pago de derechos
mineros, una pequeñez comparada con los 95 mil millones de pesos que representó
la producción de todo el sector en el mismo periodo.
Para el cálculo se utilizaron las
cifras de recaudación por derecho a la minería que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) reporta trimestralmente en sus informes al Congreso. Los
datos de la producción minera se obtuvieron del Banco de Información Económica
del Inegi.
Si se adiciona el resto de los
gravámenes que las mineras están obligadas a pagar, como el Impuesto Sobre la
Renta (ISR), lo recaudado por el gobierno apenas asciende a 8% del valor total
de la producción minera, esto de 2006 a la fecha (periodo para el que se
dispone de información).
La estimación se hizo con base en
la recaudación total neta de todos los grandes contribuyentes del sector minero
(excluyendo Pemex) contenida en los reportes ya mencionados.
Concesiones de seis pesos
Las enormes ganancias de las
empresas mineras, 287 de ellas extranjeras, ponen también de manifiesto lo
ridículo de la recaudación en el sector.
Grupo México —responsable del “peor desastre ambiental” que ha ocurrido
en la industria minera del País, según el diagnóstico del propio Gobierno Mexicano—
reportó en 2013 utilidades netas por 22 mil 308 millones de pesos.
Sus solas ganancias fueron casi
seis veces superiores a los ingresos que el gobierno tuvo en el mismo año por
el pago de derechos de todas las empresas mineras. También representaron el
doble de la recaudación total neta de todos los grandes contribuyentes del
sector. Y esto es sólo un ejemplo.
Los resultados no sorprenden,
pues hasta 2013 la Ley Federal de Derechos establecía que los titulares de las
concesiones mineras sólo debían dar una contraprestación a la Federación de
entre seis y 129 pesos al semestre por cada hectárea concesionada, según la
antigüedad de la concesión.
La cuota durante el primer y
segundo año de vigencia es de 5.91 pesos por hectárea; para el tercero y cuarto
años, de 8.83 pesos; en el quinto y sexto, de 18.26 pesos; durante el séptimo y
octavo, de 36.73 pesos; para el noveno y décimo, de 73.44 pesos, y a partir del
décimo primero, de 129.24 pesos.
De acuerdo con un estudio de Fundar
Centro de Análisis e Investigación, la existencia de este régimen fiscal tan
laxo tiene su origen en la Ley Minera de 1992, que buscó “establecer condiciones de amplia desregularización del sector con el
propósito de promover las inversiones y, por tanto, el crecimiento económico
por encima de cualquier otra prerrogativa (incluyendo) obtener ingresos
necesarios para que el Estado atienda, por medio del gasto público, otras
necesidades de la población.
“En la formulación de esta Ley se omitieron completamente intereses de
poblaciones rurales y urbanas próximas a potenciales sitios de exploración,
prerrogativas sobre el cuidado del medio ambiente y el patrimonio cultural del
País o, simple y llanamente, el interés del Estado en obtener una renta sobre
la explotación de bienes que pertenecen, en dominio, a la Nación Mexicana”, concluye el reporte.
La Ley es tan favorable a las
empresas mineras que les permite tener la titularidad de las concesiones por 50
años, prorrogables hasta por un siglo si éstas en su momento así lo solicitan.
Con la nueva reforma hacendaria,
que entró en vigor el primero de enero de este año, se adicionaron tres nuevos
pagos de derechos que pretenden aumentar la recaudación del sector: un derecho
especial de 7.5% sobre el valor de los ingresos de la actividad extractiva,
menos deducciones; un derecho extraordinario de 0.5% a los ingresos de las
empresas que extraen oro, plata y platino (adicional al derecho especial), y un
tercero que sanciona a las mineras que permanezcan ociosas por dos años.
Los efectos de estas reformas en
la recaudación deberán reflejarse en el primer trimestre de 2015 ya que, de
acuerdo con la Ley, el pago de los derechos especial y extraordinario debe
efectuarse a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año.
Por supuesto, los consorcios se
resisten a pagar los nuevos gravámenes. En febrero se estimaba que 30% de las
empresas del ramo se ampararían en contra del cobro de los derechos especiales.
De 2001 a 2014, empresas mineras
han pagado cantidades irrisorias al gobierno en comparación con las grandes
ganancias que obtienen, incluso, muchas veces incumplen con las cuotas sin que
se les sancione.
Despachos como Fasken Martineau
comenzaron a asesorar a compañías extranjeras que exploraban la posibilidad de
obtener un amparo ante las nuevas disposiciones fiscales, tal como consta en un
boletín publicado por el bufete jurídico fechado el 3 de febrero de este año.
La laxitud de la Ley no es el
único problema. También lo es su incumplimiento.
Pese a las paupérrimas cuotas que
las empresas mineras deben pagar al Estado mexicano, muchas de ellas terminan
por no hacerlo sin mayores consecuencias.
Aunque el incumplimiento del pago
de derechos sobre minería puede castigarse incluso con la cancelación del título
de concesión, un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la
Cuenta Pública de 2012 revela que en ese año 4 mil 520 de los 26 mil 495
propietarios no cumplieron con esta obligación.
Sin embargo, la Secretaría de
Economía (SE) sólo había sancionado a 2 mil 102 concesionarios; es decir, a
46.5% de las empresas que habían incumplido con el pago de la contraprestación.
En consecuencia, el órgano
fiscalizador emitió una recomendación para que la SE analizara “las causas por las cuales no aplicó la
totalidad de las sanciones administrativas correspondientes a los
incumplimientos registrados a cargo de concesionarios mineros y, con base en
dicho análisis, adopte las medidas pertinentes a fin de imponer las sanciones
pendientes… y se establezcan los controles para evitar recurrencias.”
El mismo informe de la Auditoría
Superior de la Federación señala que en 2012 dejaron de recaudarse casi 100
millones de pesos por derechos sobre el uso de superficie concesionada a la
actividad minera. Esto es, 5% menos de los mil 875 millones que el Ejecutivo Federal
pensaba obtener.
En estados como Chiapas o
Veracruz el incumplimiento de pagos llegó a tal grado que el gobierno sólo pudo
recaudar un poco más de la mitad de lo que tenía contemplado (55%). En Jalisco
dejó de percibir un tercio de lo estimado y en Campeche sólo obtuvo 72% de lo
programado.
En 15 estados la recaudación fue
mayor a la esperada. Esto se debió, según el informe de la Auditoría, a que los
titulares de las concesiones cubrieron adeudos con la Federación por un monto
de 29 millones de pesos que correspondían a ejercicios fiscales anteriores.
Y mientras las ganancias de la
extracción minera se siguen concentrando en unas cuantas manos, las
afectaciones derivadas de esta actividad continúan afectando a la sociedad
entera.
Y Carlos Fernández Vega, en su
México SA, de La Jornada, denuncia que con todas las pruebas en la mano para
proceder de forma contundente, al final de cuentas, la semana pasada, los Diputados
sólo se animaron a desnudar las viejas cuan nefastas prácticas de Germán Larrea
y su Grupo México, y lo que en un principio manejaron como una exigencia del
Legislativo, a la hora de las decisiones simplemente se convirtió en un llamado
a la autoridad para que ésta proceda a suspender actividades en Buenavista del
Cobre y evalúe cancelar la concesión otorgada a ese corporativo depredador.
Es decir, para corregir la
funesta conducta de la citada empresa y su dueño (cuyo filósofo de cabecera es
William Cornell Greene), los Diputados no encontraron mejor fórmula que hacer
un llamado a la misma autoridad que la ha solapado a lo largo de los años, que
le ha permitido violar de manera permanente las leyes ambientales, laborales y
sanitarias, que sin chistar le renueva y/o incrementa las concesiones federales
y que le amplía su campo de negocios, como en el reciente caso del petróleo.
Entonces, reitera Fernández Vega
en su columna del viernes de la semana pasada, no parece el mejor de los
resultados, porque la comisión especial para dar seguimiento a la problemática
generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora
y Bacanuchi sólo descubrió el hilo negro y encueró las reprobables prácticas de
Germán Larrea y su Grupo México (y de muchas otras empresas del ramo), las mismas
que de tiempo atrás son conocidas y padecidas no sólo por los habitantes y
trabajadores mineros de Cananea, sino por todos aquellos que hayan cometido el
pecado de morar o laborar en las zonas de la República en donde ese corporativo
tiene intereses, y son muchas y muchos.
El informe elaborado por la
citada comisión de kilométrico nombre es un rosario de acusaciones en contra de
Grupo México, quien vulneró cerca de 30 leyes de conservación ecológica y
ambiental, así como los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral para
América del Norte, y las 46 NOM (Norma Oficial Mexicana) expedidas por Semarnat
en materia de Cuidado de Aguas Residuales, Prevención de Contaminación de
Acuíferos, Ríos y Aguas Superficiales, así como de Control de Residuos
Peligrosos, entre otros.
Por si fuera poco, “Grupo México
se condujo con falsedad desde un primer momento… no ha realizado las
reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la
minera Buenavista del Cobre… el tubo del cual emanaba la sustancia (tóxica)
derramada no ha sido arreglado… la mina no debe estar en operación, pues no se
tiene certeza de dónde se están depositando los desechos tóxicos… Las
condiciones observadas dentro de la mina, las plantas procesadoras y las
prácticas de trabajo reportadas (…) muestran una clara situación en la que el
lugar de trabajo está llevándose deliberadamente hacia el colapso”.
Además, “la falta de mantenimiento preventivo, fallas en la reparación de
equipos y corrección de peligros visibles, y una falta obvia de prácticas de
limpieza han creado un lugar de trabajo en el que los trabajadores se ven
expuestos a altos niveles de polvo tóxico y vapores ácidos, a operación de
equipos sin suficiente mantenimiento, y a trabajar simplemente en un ambiente
peligroso… No existen las condiciones técnicas, de responsabilidad estricta y
de conducta preventiva y de restauración, por parte del causante del derrame
para que reanude sus operaciones en su totalidad, por lo que la suspensión de
actividades de Buenavista del Cobre debe ser inmediata”.
Eso y mucho más, en el entendido
de que el Estado de Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la
explotación de sus recursos naturales. La extracción de sus riquezas minerales
no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los Sonorenses. La empresa Grupo
México y su filial la mina Buenavista del Cobre SA de CV, lejos de actuar como
una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la
población de la zona, ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental
y el desarrollo económico de la región. También incumple con los derechos
laborales establecidos en la Constitución, pues así lo pone de manifiesto el
conflicto laboral con la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros y la
restricción de la mina para contratar a trabajadores de Cananea y/o ligados a
ex trabajadores miembros de la sección sindical 65.
Un rosario, pues, pero parece que
a los Diputados no les alcanzó para exigir el retiro de la concesión y actuar
en consecuencia en el peor desastre ambiental de la industria minera del País
(Guerra Abud dixit)”. En cambio, como en el Gobierno Federal, los Legisladores
encontraron una solución meramente monetaria: la creación de un fondo de
desarrollo regional, solventado por la empresa, que comprenda todos los
aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora (salud,
alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las
actividades productivas y económicas) como un mecanismo compensatorio que
restituya la equidad distributiva con un piso inicial de 5 mil millones de
pesos, aportado por la empresa, y detone el potencial de desarrollo que Grupo
México le ha escamoteado a la Entidad.
Dicho fondo. Detalla el informe,
sería independiente del fideicomiso anunciado por el Gobierno Federal, con
cargo a Grupo México, por 2 mil millones de pesos.
El problema es que la advertencia
de la citada comisión se limita a una Entidad de la República (el Estado de
Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la explotación de sus recursos
naturales. La extracción de sus riquezas minerales no ha ayudado a elevar el
nivel de vida de los Sonorenses), cuando en los hechos se registra a lo largo y
ancho de la geografía nacional.
De ello da idea un reporte de la
Auditoría Superior de la Federación, que explica de qué se trata todo esto:
durante el periodo 2007-2012 (Felipe Calderón en Los Pinos) los ingresos por
derechos sobre minería registraron un monto de 15 mil 231millones de pesos, lo
que representó 2.2 por ciento en relación con el valor de la producción minera
de 693 mil 67 millones de pesos.
Lo anterior se traduce en que por
cada dólar que produce el negocio de la minería en el País, las arcas
nacionales a duras penas obtienen dos centavos. Y México es un País con enorme
riqueza minera, pero ni sus habitantes ni el erario obtienen mayor beneficio.
En cambio, entre los mexicanos marca Forbes los cuatro primeros lugares
corresponden a empresarios de la minería (entre otras riquezas acaparadas).
Las rebanadas del pastel
Pero bueno, ¿en serio los Legisladores
creen que con su informe la autoridad hará algo al respecto y Grupo México
dejará de contaminar?
Termina diciendo Carlos
Fernández Vega.
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